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En enero, Vivienda presentará proyecto de ley para dar certeza jurídica a permisos de edificación

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La iniciativa para la “Protección de la Legalidad Urbanística y Revisión de Actos Urbanísticos” creará un canal para impugnar las autorizaciones.

En las últimas semanas aumentaron los reclamos de la industria de la construcción, inmobiliaria y hasta de gremios como los arquitectos, que han acusado un escenario de incertidumbre jurídica en el sector.

La discusión proviene, principalmente, por distintos pronunciamientos de la Contraloría y del Poder Judicial que han cuestionado decisiones basadas en disposiciones de planes reguladores, invalidado permisos de edificación y ordenado la paralización de construcciones.

En este escenario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) decidió presentar en enero de 2019 el proyecto de “Ley de Protección de la Legalidad Urbanística y Revisión de Actos Urbanísticos”.

Se trata de una de las iniciativas que eran parte de la agenda legislativa de la cartera -además del proyecto de ley de Integración Social y Urbana que ingresó al Congreso esta semana- que el ministro Cristián Monckeberg había anunciado en julio. Para ello, la secretaría de Estado formó un equipo legislativo liderado por Manuel José Errázuriz.

 El diagnóstico del Minvu es que la incertidumbre jurídica en la que está el sector actualmente -asociaciones de arquitectos afirman que hoy “cuando tenemos un proyecto aprobado igual no sabemos si es válido o no”– no solo afecta a la industria, sino también a las familias que han adquirido una vivienda y que luego se ha ordenado la demolición de la construcción, como ocurrió en Ñuñoa.

El proyecto de ley apuntará a establecer un canal de impugnación de permisos de edificación que sea conocido de antemano, tanto por el titular de la autorización como por particulares. Esto, porque hoy existen múltiples vías: en algunos casos se recurre a la justicia, en otros a la Seremi de Vivienda, al Municipio o a Contraloría, y los últimos pronunciamientos han demostrado que no existe el mismo criterio entre estas instituciones.

Actualmente, el proyecto está en etapa de discusión prelegislativa. Para ello, la semana pasada se citaron a reuniones con autoridades del Minvu distintas agrupaciones como el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Directores de Obras y la Cámara Chilena de la Construcción, entre otras. La idea es recoger sus inquietudes e ideas antes de que la iniciativa se envíe al Parlamento.

Hasta ahora, la industria inmobiliaria ha estimado en al menos 80 las iniciativas -por cerca de US$ 3 mil millones– que recibieron objeciones de la Contraloría o reportaron dificultades porque no se les reconocieron los acuerdos que sus desarrolladores habían alcanzado con municipios antes de la vigencia de la Ley de Aportes al Espacio Público, de fines de 2016.

Los gremios no solo se quejan de esos cuestionamientos -que se suman a otros por la aplicación de normas de planes reguladores, como en Estación Central, que según Contraloría no se ajustan a derecho- sino que además, los pronunciamientos están teniendo un efecto retroactivo pocas veces visto.

Fuente: El Mercurio

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Socio, Director Comercial. Más de 18 años de experiencia en emprendimientos y empresas TIC.

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