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Proyecto ordenará forma de impugnar los permisos de edificación con canal único

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La idea es que direcciones de obra sean la primera instancia. También se mejorará el acceso a información de los vecinos.

La decisión del Municipio de Recoleta respecto de la demolición de las edificaciones de un proyecto inmobiliario en la zona del barrio Bellavista se suma a la complicada situación que enfrentan otros desarrolladores a nivel nacional. En efecto, ya sea producto de la reinterpretación de las normas urbanísticas o de los esfuerzos del regulador para corregir los errores cometidos en el pasado, la industria se encuentra sometida a una presión que, en definitiva, puede paralizar en parte su actividad.

Sin referirse al mérito o legalidad de las acciones de los órganos del Estado involucrados, lo cierto es que la incertidumbre de sus resoluciones se materializa en efectos que van más allá del mero negocio, resultando en que comunas enteras puedan quedar congeladas en su desarrollo urbano.

Sin alarmismos, ni el Gran Santiago ni las otras ciudades de Chile pueden darse el gusto de mantener el statu quo, congelando tal como están sus actuales capacidades, sus servicios urbanos y su infraestructura. Y no pueden porque las ciudades son las primeras responsables de proveer los insumos para sociedades más justas e integradas.

En efecto, es en la ciudad donde vive hoy más del 90% de la población nacional, donde las personas se relacionan, y donde se generan y encuentran las oportunidades que, en definitiva, les permiten desarrollar las vidas que elijan. Así, el problema de la incerteza regulatoria en asuntos urbanos no sólo afecta el bolsillo más o menos legitimo según el caso de los empresarios inmobiliarios, sino que, a la larga, también se constituye en un problema social.

En un escenario de congelamiento urbano resultaría muy difícil que exista la suficiente oferta inmobiliaria para poder darles espacio a nuevas familias, creando guetos e incrementando la segregación de las ciudades. En el documento ‘Ciudad Justa: Una ruta para un Chile de oportunidades’ se constató a partir de información del Minvu que actualmente existe un déficit habitacional importante en varias ciudades de Chile. Faltan muchas viviendas por construir.

“La certeza tiene que ser para los dos lados: para quienes desarrollan los proyectos inmobiliarios, pero también para los vecinos, para que no se vean pasados a llevar”.

Cristián Monckeberg, Ministro de Vivienda y Urbanismo

Asimismo, como señala Edward Glaeser en ‘El triunfo de la Ciudad’, hablar de integración social, esto es, permitir el acceso a ubicaciones centrales que impliquen un cambio sustantivo en la calidad de vida de las personas, es incompatible con una ciudad petrificada que inhibe su densificación. La regulación del suelo tiene el fin de permitir que las ciudades se desarrollen de manera correcta, considerando aspectos tan relevantes como la integración de sus habitantes y la maximización de sus interacciones. Las empresas inmobiliarias tienen un rol importante en la creación del espacio urbano, el cual no puede inhibirse arbitrariamente.

Un nuevo proyecto de ley y prontos cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones son parte de la “agenda de certeza jurídica” que trabaja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para enfrentar el escenario que gremios inmobiliarios, arquitectos y directores de obra han denominado de “incertidumbre”.

La Cámara Chilena de la Construcción ha estimado en US$ 5.700 millones la inversión que está paralizada en la Región Metropolitana debido a diferencias de interpretación de las normas urbanísticas entre la Contraloría y otros organismos del Estado. Con ello, afirman, los permisos de edificación han sido puestos en duda y familias que firmaron promesas para comprar una vivienda quedaron en vilo.

Más allá de casos en comunas puntuales, el proyecto de ley que alista el Minvu -cuyo borrador ya fue entregado a la Secretaría General de la Presidencia y que ha sido monitoreado directamente por el Presidente Sebastián Piñera- buscará “dar certezas tanto a la industria como a la ciudadanía”, afirmó el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, después de asistir ayer a la reunión plenaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

La iniciativa, denominada “Ley de protección de la legalidad urbanística y revisión de actos urbanísticos“, apuntará a crear un nuevo procedimiento administrativo-judicial para impugnar ordenadamente un permiso de edificación. El secretario de Estado afirmó que hoy existen “al menos seis vías distintas para hacerlo: la Contraloría, las seremis de Vivienda, las direcciones de obras, los recursos de protección, nulidad de derecho público y recursos de ilegalidad ante los alcaldes”.

La idea es que todo lo anterior sea reemplazado por una vía única. “Vamos a avanzar en una lógica de reclamos ante las direcciones de obras municipales, que son la primera instancia. Eventualmente, ante las seremis y, si no, al recurso judicial”, detalló el ministro.

El otro aspecto que abordará el proyecto será la información a la ciudadanía. La idea, contó Monckeberg, es que apenas se entregue un permiso de edificación se informe a los vecinos a través de carteles en terreno y en internet qué proyecto y con qué características.

Junto con lo anterior, se establecerá un plazo para que los vecinos puedan hacer consultas o reclamar ante el proyecto, si lo consideran necesario. “Seguir jugando a las escondidas con los proyectos inmobiliarios trae los problemas que estamos conociendo”, aseguró el ministro, quien reconoce que hoy la participación ciudadana que se exige para algunos desarrollos es poco conocida.

En paralelo, el Minvu está trabajando en cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) sobre las materias que debe abordar un plano regulador y si los efectos de cambios normativos son o no retroactivos.

Esas modificaciones no requieren un proyecto de ley, pero sí un decreto firmado por el Presidente y que sea tomado de razón por Contraloría. La cartera todavía no envía el documento al órgano de control, pero esperan hacerlo este mes.

Ordenamiento urbano

Fuera de la agenda de “certeza jurídica”, el Minvu trabaja en otro proyecto de ley para mejorar el sistema de aprobación de los planes reguladores. En esta tarea también está participando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

En la reunión plenaria de esa instancia, ayer se dio a conocer la creación de un nuevo grupo de trabajo precisamente para asesorar al Ejecutivo en el fortalecimiento de las normas urbanísticas.

Así, para lograr ciudades más justas se requiere siempre de reglas claras, de mantener esas reglas claras y de respetar los derechos que fueron adquiridos bajo esas reglas. Sólo así se podrán conseguir las sinergias suficientes para que los distintos actores urbanos puedan contribuir con sus capacidades al territorio y aumentar la calidad de vida en las ciudades. Regulador, empresas y usuarios deben ser actores que colaboren y no rivales incomunicados.

Fuente: El Mercurio

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Socio, Director Comercial. Más de 19 años de experiencia en emprendimientos y empresas TIC.

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